1-06-2004
Nuestra sociedad discrimina al trabajador
por Fabian Bergenfeld

Mucho se ha hablado en el mundo sobre la persecución religiosa o racial.
También se reconoce como flagelo universal a la “caza de brujas”, que padecen quienes expresan sus ideas en disenso con gobiernos que se autodenominan democráticos.
En nuestro país, y a juzgar por hechos recientes, existe una saludable tendencia a combatir a quien discrimina invocando las raíces ajenas.
Pero por el contrario, evidenciamos en estos días un marcado retroceso en el ejercicio de la libertad de expresión, a través del silencio que imponen a la mayoría de los medios de prensa los aportes e intereses de las grandes corporaciones y del propio Gobierno.
Ello deriva en el enmascaramiento de la verdad, que conspira contra el crecimiento de nuestra Nación.
Una de esas realidades poco difundidas, que provoca el desvelo y escepticismo de millones de argentinos desde hace muchos años, es justamente un nuevo modo de discriminación: EL QUE SUFRE EL TRABAJADOR.
Así, tras el aumento desenfrenado de la desocupación, producto del incesante cierre de fábricas que se sucede desde hace casi tres décadas, se castiga al que pretende sobrevivir y crecer a largo plazo con el fruto de su esfuerzo, y, por el contrario, se premia a quien desde la clase más poderosa es
co-responsable de nuestros males.
La prueba más contundente de ello, es que en pocas horas se cumplirá medio lustro del comienzo de un ciclo que, con el tiempo, seguramente será recordado como el de los grandes despojos. Serán dos años y medio desde la instauración del” corralito financiero”, utilizado como plataforma para la concreción de la mayor estafa de la era moderna: “la pesificación de los depósitos bancarios”. Habrán transcurrido treinta meses desde que el Poder Ejecutivo comenzó a dictar decretos de espaldas a la Constitución y a los miles de fallos dictados por Tribunales de todo el país, con la reprochable ambición de torcer el brazo de la Justicia y de aniquilar el principio de “División de Poderes”, mediante la conformación de una Corte adicta a la cual parece encaminarse mediante juicios políticos discriminatorios, ilegítimos e infundados.
Hoy existen cientos de trabajadores muertos en esta guerra por el reconocimiento de sus derechos, y millares que están enfermos y que aún dependen de fallos que se demoran u obstaculizan por la acción del Gobierno.

Pero es la sociedad toda la que está herida en su credibilidad y su confianza.
Así es como la violación sistemática al derecho de propiedad ha engendrado otros males que nos afectan a todos, como lo son los secuestros “express” que toman por víctimas a quienes confían más en sus colchones que en los bancos, agravándose así la ola de inseguridad.
Y ello deriva también en la reticencia a invertir, y a generar el crédito indispensable para generar fuentes de trabajo, que permitiría disminuir los niveles de desempleo.
Pero la discriminación contra el trabajador allí no termina, pues se lo estigmatiza descalificando sus ahorros con la denominación de “fondos buitres”, para justificar una apresurada y desmesurada licuación del capital prestado al Estado a través de la compra de los bonos por él emitidos.
Y que decir de quien trabaja afiliado a una A.F.J.P., de quien se aprovechan por el aparente desinterés que evidencia ante la lejanía de su jubilación, reinvirtiéndole una y otra vez en forma compulsiva sus aportes en bonos a los que les asignan un valor residual. . .

De ese modo repudiable, han sido discriminados Tres millones de trabajadores argentinos y sus familias, que depositaron en publicitados bancos sus patrimonios o sus modestos salarios. . .
Quinientos mil trabajadores argentinos y sus familias, que adquirieron títulos de la deuda pública de su propio país. . .
Nueve millones de argentinos y sus familias, afiliados al sistema de capitalización de AFJP y que depositan sus aportes mes a mes. . .

Es entonces que, mientras a quienes integran casi toda nuestra población activa se le confiscan sus patrimonios, sus salarios, sus ahorros o sus aportes, existen otros que jamás se ven perjudicados, aunque sean total o parcialmente responsables de nuestros fracasos.
Es así como el Fondo Monetario Internacional continúa guiando nuestros destinos, exigiendo la apresurada concreción y consolidación de los despojos, mientras se le paga puntualmente intereses con nuestras reservas. . .
Y los Bancos son y continuarán siendo compensados con el esfuerzo de todos los argentinos, por la pesificación asimétrica que ellos mismos pergeñaron fraudulentamente junto al Estado y las denominadas “grandes empresas”. . .
Y éstas continúan manejando a los mercados y a la opinión pública, aliviadas por la pesificación de sus deudas que “misteriosamente” han logrado. . .

La conclusión deviene inevitable: en nuestro país se ha definitivamente institucionalizado la discriminación al que trabaja, completando la obra macabra construida sobre la base de la cuasi-impunidad de la que gozan los corruptos, representados principalmente por políticos que han hecho de la función pública su exclusivo medio de vida, en detrimento del interés general.

Para enfrentar el desafío de cambiar esta historia, se han creado diferentes organizaciones no gubernamentales (O.N.G.s), formadas por quienes cuentan con medios de vida propios, ajenos a la política, y que pretenden modificar aspectos de la realidad como los que he descripto.
La Asociación Civil de Defensa Ciudadana, que tengo el honor de presidir, es una O.N.G. creada principalmente por quienes han sido víctimas del avasallamiento al derecho de propiedad.
Recientemente y mientras también desarrolla proyectos en las áreas sociales y de seguridad, hemos conformado un Foro juntamente con otras organizaciones análogas, - como lo son la “Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default”(ADAPD) y “Fundación Bicentenario”-, Foro que cuenta con el apoyo de algunos políticos consustanciados con nuestras premisas, entre los que se destaca Nito Artaza.
Es con el desarrollo de un plan de acción inmediato, que comprende la imprescindible tarea de concientización de la opinión pública, que continuaremos con la defensa de las instituciones de la Nación y de los derechos de raigambre constitucional, impulsados por la firme convicción de que el freno a la decadencia y al fracaso debe activarse desde nuestro propio esfuerzo, inspirado en el de quienes resisten los embates de la discriminación.