10-05-2004

UNA CRISIS PREVISIBLE

* por Hector Huici

Finalmente, la tan temible crisis energética se hizo presente. Un crecimiento mayor al esperado de la economía y un año más seco de la habitual hicieron que la crisis de abastecimiento energética se adelantara. ¿Era ello absolutamente imprevisible? Sin duda que no.

¿Es este gobierno responsable de la crisis? No. La génesis de la misma se ubica en la devaluación del 2002 (inclusive antes en algunos casos) y la pesificación asimétrica de los precios de la energía, el incumplimiento de los contratos y el desconocimiento de los marcos regulatorios que, es bueno señalarlo, preveían mecanismos para afrontar crisis como la que tuvo que soportar el país a fines de 2001 y principios de 2002.

Sí le cabe al Gobierno la responsabilidad de haber ignorado lo que previsiblemente iba a ocurrir de mantenerse el rumbo seguido hasta mayo del año pasado. También por el hecho de haber negado reiteradamente el problema en ciernes.

Nociones básicas de análisis económico permitían predecir que, de mantenerse el rumbo adoptado a partir de enero de 2002, esta crisis habría de producirse inexorablemente. En todo caso la incógnita era saber en qué momento se produciría.

En efecto, decisiones de política económica pueden producir la abundancia de un producto o su escasez. Así, si se quiere producir abundancia bastará con fijar un precio sostén superior al de mercado y rápidamente éste se inundará del producto en cuestión. Por el contrario, si lo que se busca es la escasez bastará con fijar un precio máximo por debajo del precio de mercado y rápidamente tenderá a desaparecer el producto en cuestión. La política tributaria puede cumplir también la misma función.

De esta manera si quisiéramos terminar con los cultivos de soja bastaría con, por ejemplo, fijarle una retención a la exportación del producto del orden del 60 o 70% y en pocas temporadas la soja pasaría a ser un producto del pasado del campo argentino.

Esto no es ni más ni menos que lo que ha acontecido con el gas.

En efecto, luego de la devaluación de enero de 2002 y de la pesificación de los contratos de servicios públicos, para poder mantener congelado el precio de la electricidad y de la distribución de gas al usuario final, hubo también que aplicar esas restricciones a los productores de gas y a los generadores de electricidad, actividades que hasta ese momento eran regidas por la ley de oferta y demanda. Ello trajo como consecuencia que un producto que ya era barato fuera tres veces más barato de lo que era entonces. Paralelamente, resultó también mucho más rentable exportar la electricidad y el gas que venderlo en el mercado interno. Cualquier agente económico responde a estímulos racionales y sin duda que cualquiera de nosotros en su actividad prefiere vender un producto o servicio a quien se lo paga tres veces más que otro.

La exportación en dólares y a precios de mercado de energía eléctrica y gas lejos de significar un perjuicio para la Argentina le ha reportado beneficios porque ha hecho que el deterioro de nuestros servicios sea menor que el que hubiera ocurrido de no existir estas exportaciones dolarizadas. Ha permitido además el ingreso de divisas y de recursos al Fisco a través de las retenciones y de otros impuestos.

Pretender analizar y explicar la crisis energética al margen de los precios concretos de los productos en cuestión es un acto de irracionalidad. Ante la emergencia el Gobierno no ha escapado a la tentación de echar culpas a otros y, lo que es más grave, confundir a la opinión pública con explicaciones absolutamente erradas que, además de erradas, en el caso del conflicto con la vecina República de Chile son hasta ofensivas.

Efectivamente, respecto de esta última cuestión se señaló inicialmente que la Argentina estaba cumpliendo con todas las normas de derecho interno y los tratados internacionales firmados con este país; luego se admitió que no se cumple con el tratado; y finalmente que el tratado, en todo caso, no puede prevalecer sobre las normas de derecho interno, tema en el cual la Corte ha tenido sucesivos pronunciamientos en sentido contrario y así se entiende en el derecho internacional. Esta última tesitura si bien efectista en el mercado interno, pone en serio riesgo cualquier proceso serio de integración económica que pretenda realizar la Argentina, sea con Chile o con cualquier otra nación de Latinoamérica o del mundo. La Convención sobre el Derecho de los Tratados de Viena es clara en cuanto a que las naciones no pueden oponer normas de su derecho interno para desconocer lo firmado en un tratado.

Cabe aclarar, también respecto de esta cuestión, que ninguna norma de derecho interno permite suspender o revocar autorizaciones de exportación por problemas de abastecimiento en el mercado interno y que toda referencia a una obligación de abastecer este mercado está condicionada a la existencia de precios de mercado justos y razonables. No eran éstos sin duda los precios pesificados y congelados vigentes desde enero de 2002, ya que de lo contrario no se entendería que el Gobierno hubiera hablado de readecuar o readaptar el marco de precios del gas a partir de mayo del presente año con aumentos que lo van a llevar a recuperar valores cercanos al 80% de los existentes en dólares en aquella fecha hacia julio del año 2005 (acuerdo de precios homologado por Resolución del Ministerio de Planificación Federal 208/04).

Atemorizado por el efecto que las medidas que se deben adoptar pueda tener en las encuestas, el Gobierno marcha detrás de los acontecimientos. Los serios perjuicios ideológicos impiden además analizar con serenidad el adecuado funcionamiento que demostraron los marcos regulatorios del gas y de la electricidad durante la década del ’90 (perfectibles por cierto) y que permitieron solucionar problemas crónicos de abastecimiento y darle a la Argentina energía suficiente y a precios competitivos y convertir a un país con problemas de abastecimiento en un exportador neto de energía.

Cuanto más tiempo se tarde en tomar las decisiones adecuadas que, consisten en básicamente volver en un plazo razonable al esquema de las leyes 24.065 y 24.076, más graves serán las consecuencias.

Resulta paradójico que la Argentina esté dispuesta a pagar electricidad y gas a Brasil y Bolivia a precios inclusive más caros que los que pagaría por ese mismo producto en nuestro país si se respetaran las normas vigentes hasta enero del año 2002.


* Abogado, dirigente centrista y miembro de la Fundación Bicentenario