07-05-2004

La industria del secuestro en Colombia

por el Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana

Colombia vive, desde hace 40 años en guerra civil. Pero las reivindicaciones ideológicas por las que surgieron los grupos guerrilleros quedaron atrás. En la actualidad, la gran motivación es el dinero que genera el accionar clandestino.
Hoy, el secuestro y la extorsión, constituyen la segunda fuente de financiamiento de estos grupos. Para la última década su monto fue estimado en 1.500 millones de dólares. La industria de la droga ocupa el primer lugar, generando un movimiento de divisas calculado en 600 millones de dólares por año. Estas sumas de dinero se destinan a la compra de armamentos, la contratación de asesoría técnica en terrorismo y se depositan en cuentas bancarias en el exterior, a través de estrategias de lavado de capitales. Se estima que la guerrilla es la responsable de la tercera parte de estos ilícitos, siendo notorio el accionar de delincuentes comunes que secuestran y venden su presa al mejor postor.
En parte, las víctimas de este accionar son extranjeros, tanto turistas como residentes contratados por empresas multinacionales. Las negociaciones con las representaciones diplomáticas son cada vez más breves y lucrativas, puesto que la vida de un compatriota está en juego. Asimismo, los colombianos que tienen altos cargos en empresas constituyen un blanco elegido.
De esta situación emergen las empresas de seguros de secuestros y de manejo de crisis. Actualmente existen tres y son de capitales extranjeros. Las primas aplicables son las más elevadas del mercado. Por una familia de cinco miembros se obtiene una póliza de secuestro por un monto que oscila entre los 18.000 y 30.000 dólares anuales y cubre un rescate de hasta 1 millón de dólares. En el mismo rubro, las empresas de manejo de crisis cobran entre 1.000 y 2.000 dólares diarios por gestión, que puede implicar entre 45 días y tres meses. Un verdadero negocio.
En la década pasada, entre 45 y 80 extranjeros, turistas y trabajadores, fueron secuestrados por año. Este número engrosa la cifra de 3.000 secuestros cometidos en promedio durante estos últimos tres años. Si bien fuentes oficiales aducen que esta cifra ha disminuido en un 45%,durante el 2003, las cifras no gozan de credibilidad. Muchos hechos no se denuncian. Viéndolo de esta forma, los extranjeros secuestrados no representan importancia numérica. Lo notable es que, por cada extranjero, se obtiene un rescate siete veces mayor al de un ciudadano nativo.
Si bien se registra una disminución en el número de personas secuestradas (de secuestros masivos se pasa a una metodología de mayor selección de las víctimas), el monto destinado a rescates y pólizas de seguros no disminuye. Se ha conformado una Red de Cooperantes, integrada por un millón de personas que ayudan al esclarecimiento de los secuestros, pero ello no ha sido suficiente para detener la escalada delictiva.
Frente a esta realidad hay quienes defienden como única alternativa viable cortar la cadena productiva del secuestro negando el pago del rescate. En Europa la ONG Pax Christi, de Holanda, trabaja desde 1988 por la defensa de los derechos humanos en América Latina y lidera una campaña internacional contra el secuestro. La organización impulsa la opción de no pago, que considera al mismo tiempo viable y radical. Lo que parece fácil de explicar es, en realidad, una tarea ardua y compleja. La misma implica buscar medios de presión para que el secuestro sea considerado como delito de lesa humanidad y se condene mediante las vías internacionales hoy existentes. Una pregunta que queda formulada y es clave para Pax Christi es por qué Europa alimenta, con el pago de secuestro y extorsión, la violencia que desangra a ese país?
El “No Pago”: Fin de una Industria
Una legislación acorde al conflicto se torna crucial para reglar el funcionamiento de un país y coordinar sus instituciones. El Estado colombiano como tal no es un factor de peso. Se evidencia la incapacidad de sus instituciones para ponerle fin a esta guerra civil y poder tener el monopolio de la violencia legítima en cada rincón del territorio.
La Ley 40 de 1993 condenó el pago en concepto de secuestros y extorsión. En 1996, la Ley 282 prohibió la venta de pólizas de seguros de secuestros. Ahora bien, ni estas medidas ni las que promoviera el ex Presidente Pastrana, en 1999, dieron los resultados esperados.
Frente al marco descripto, una luz de esperanza se vislumbra en el trabajo que realiza el actual presidente Alvaro Uribe, quien manifiesta una férrea voluntad en pro de reanudar el proceso de paz, mediante el inicio de negociaciones con los grupos insurrectos. Aunque no se han logrado hasta ahora resultados positivos, el conflicto no recrudeció. En diciembre de 2003 se logró un avance en la legislación, al conseguir la aprobación del Estatuto Antiterrorista. El mismo otorga al titular del ejecutivo facultades extraordinarias para la lucha antiterrorista.
Para un Estado maniatado, que no consigue ganar la contienda, la única opción para el juzgamiento de los crímenes cometidos en su territorio es la vía internacional. Colombia ha ratificado el Estatuto de Roma, en dicho instrumento, los secuestros, adquieren la figura de “toma de rehenes” y son considerados crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, son susceptibles de ser juzgados por el tribunal internacional..